Isapres: judicialización por alza de precios les cuesta 30 mil millones de pesos y los pagan los que no reclaman

La Comisión de Salud del Senado analizó la situación del sistema de la salud privada del país, en relación con el anuncio de alza de los precios de los planes de salud de las isapres y de las clínicas, de un 4,5%, lo que se hará efectivo a partir de noviembre próximo para los tres millones seiscientos mil usuarios de ese sistema.
En dicha sesión, realizada el jueves 2 de abril recién pasado, participó como invitado el Superintendente de Salud, Patricio Fernández, en calidad de invitado, a quién se le formularon varias consultas relativas con las alzas que todos los años realizan las isapres a sus planes de salud. La diferencia de este año está en que dicha alza de precios se anunció en medio de la peor crisis sanitaria que enfrenta nuestro país y el mundo, con la pandemia del coronavirus. Otra diferencia respecto del alza está en que no se hará efectiva en agosto, como ha ocurrido en años anteriores, sino que se postergó para noviembre próximo, por gestión del Gobierno, lo que destacó el Presidente de la República, como un gesto de las Isapres y un alivio para los usuarios.
Los parlamentarios de distintos sectores están en contra del alza y piden al Presidente Piñera que la congele. La presidenta de la comisión hizo ver que el Presidente tiene facultades para hacerlo.
JUDICIALIZACIÓN DE LAS ALZAS
Una de las consultas hechas por miembros de la Comisión al Superintendente fue lo relativo a la judicialización que se ha producido por los reclamos por las alzas de precio de los planes de salud, propuestas por las Isapres en forma unilateral.
El Superintendente informó que, como las Isapres pierden los juicios, tiene que pagar las costas, Lo que les significa pérdidas por 30 mil millones de pesos, lo que tiene que reponer el 85% se los usuarios que no reclaman ni ante las Cortes de Apelaciones ni ante la Superintendencia.
El senador Alejandro Navarro, presente en la sesión de la comisión, hizo ver al Superintendente que algunas clínicas no respetan el valor del examen sobre el corona virus, que fue fijado en 25 mil pesos, pero que se cobra hasta más de 60 mil pesos , o se niegan a hacerlo o la persona se deriva a un hospital público. El Superintendente se comprometió a fiscalizar tal situación.
El parlamentario preguntó al Superintendente si el sistema de salud privado del país está en condiciones de atender a sus usuarios en los requerimientos de camas y ventiladores que se necesitan para proteger sus vidas en casos que sean afectados con la crisis del corona virus.
El Superintendente se comprometió a entregar por escrito la información solicitada, pero adelantó que respecto de las camas intermedia adulto son 937; las intensivas adulto son 552 y las básicas adulto son 4.768.
A juicio del senador Navarro, ni el Servicio de Salud Público ni el Servicio de Salud Privado están en condiciones de de atender los requerimientos de la pandemia del corona virus cuando esté en su “punck”, como se prevé que ocurra en los próximos meses.